La ausencia de consecuencias a la violación de la ley importa no sólo una defección moral frente a las víctimas, que se ven privadas de la reparación  que significa la aplicación de la ley, sino que también implica el riesgo de repetición de los hechos.

El criminal atentado a la AMIA lleva treinta años sin verdad y sin justicia. Nos envuelve el manto de la impunidad y de la vergüenza.

El propio estado ha reconocido su responsabilidad en la violación a los derechos humanos de acceso a la justicia, a la información y a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas.

El Colegio Público de la Abogacía requiere al Estado Nacional el cumplimiento íntegro de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Argentina, especialmente en lo que hace a la remoción de todos los obstáculos  para poder establecer la verdad y castigar a los responsables, regular las condiciones de ingreso de la información de inteligencia a las causas judiciales, desclasificar la información de inteligencia, informes o legajos vinculados directa o indirectamente con el atentado,  y asegurar el pleno acceso a toda esta información a las víctimas, representantes o querellantes.

Contribuirá también con la tarea de avanzar en la verdad y justicia, la posibilidad de regular, en condiciones de estricta excepcionalidad y resguardando el derecho de defensa, el juicio en ausencia para los delitos mencionados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Es hora de hechos concretos no de declaraciones ni de declamaciones políticas oportunistas. La memoria de las víctimas del mas grave acto terrorista sufrido por la Argentina nos interpela a no decaer en la búsqueda de justicia.