A raíz de la propuesta de la Asamblea de Delegados en la sesión del 13 de mayo pasado, el Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados manifiesta: el Decreto N° 202/2024 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto en riesgo la percepción de un honorario mínimo por parte de los/las abogados/as mandatarios/as que ejercen su profesión procurando el cobro de deudas fiscales en mora.

Las abogadas y abogados tienen el pleno derecho de recibir un monto mínimo de retribución por el ejercicio de su profesión, cualquiera sea la cuantía del pleito. Esa cantidad mínima hace a la dignidad que merece todo letrado/a por su actividad como tal y contribuye a la vigencia del estado de derecho.

El honorario tiene naturaleza alimentaria y constituye el sustento económico de los profesionales del derecho que desempeñan un rol fundamental en la administración de justicia y en la defensa de los derechos. 

Requerimos continuar el trabajo en una mesa de diálogo con el fin de producir los consensos mínimos necesarios, a los fines de neutralizar el impacto económico que ocasiona la implementación del Decreto respecto de los honorarios de los abogados/as.

El Colegio Público de Abogados se mantendrá firme e inamovible en el compromiso de velar por los derechos de todos y cada uno de sus miembros y continuará trabajando incansablemente para asegurar que se respeten los principios de justicia y equidad que son fundamentales para el ejercicio de la profesión legal.