En la actualidad, se encuentra fuera de toda duda razonable que la mujer, por su sola condición, ha sido invisibilizada y discriminada durante siglos, lo que condujo a que fuera desapoderada de elementales derechos políticos, patrimoniales y sociales. 

Para superar esa situación de desigualdad estructural, instrumentos internacionales de derechos humanos, disposiciones constitucionales y legales, establecen la necesidad de dictar acciones positivas para procurar una igualdad real. 

Nuestra Constitución Nacional en el art. 37 dispone que se dictarán acciones positivas para garantizar la igualdad entre varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y partidarios. A su vez, el art. 75 inciso 23 ordena al Congreso promover acciones positivas para la igualdad de oportunidades respecto de las mujeres. La Convención Interamericana de Belém do Pará impone al Estado el deber de asegurar el acceso igualitario de las mujeres a las funciones públicas, especialmente aquellas que implican la toma de decisiones. 

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia en su informe 2022, dio cuenta que del total del personal de la justicia las mujeres llegaban al 57%, pero sólo el 30% alcanzaban jerarquías superiores. 

Los candidatos del gobierno nacional para cubrir los puestos vacantes en la Corte Suprema son todos varones y esto desconoce la tendencia universal de avanzar hacia una igualdad real entre el varón y la mujer en el acceso a los cargos públicos. La propuesta efectuada por el Poder Ejecutivo también se desentiende del artículo 3 del Decreto 222/2003 el cual dispone que al momento de la consideración de cada propuesta, se debe tener presente, en la medida de lo posible, la composición general de la CSJN para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal. 

Existen en todo el país, tanto en la CABA como en las provincias, numerosas juristas mujeres, de probada solvencia académica y aquilatada experiencia que pueden enriquecer la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Lo expuesto no significa, en modo alguno, desmerecer los antecedentes académicos ni la  experiencia de los candidatos varones sugeridos por el Poder Ejecutivo, sino intenta reafirmar el compromiso del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal en la lucha por el principio democrático de la no discriminación y de la igualdad de género.