Desde su creación, la universidad pública en Argentina ha sido un espacio de inclusión, igualdad de oportunidades y movilidad social. Los valores de la reforma universitaria de 1918, como la libertad académica, el cogobierno estudiantil, la autonomía universitaria y la extensión universitaria, son principios que seguimos defendiendo hoy en día. La universidad pública debe seguir siendo un faro de pensamiento crítico y compromiso social, donde el acceso a una educación de calidad sea un derecho para todos y todas y no un privilegio de algunos y algunas.

Sin embargo, en la actualidad los desafíos que enfrenta la universidad pública son profundos. La insuficiencia de recursos financieros pone en riesgo su capacidad de brindar una formación adecuada a miles de estudiantes. Es imprescindible garantizar un presupuesto acorde a las necesidades de nuestras universidades para que estas puedan cumplir con su misión de formar profesionales competentes, generar conocimiento y contribuir al desarrollo del país.

Solicitamos que se otorgue prioridad al financiamiento de las universidades públicas, pues su sostenimiento es un deber que compete al Estado en su compromiso con el progreso social y la equidad. Solo así podremos garantizar el futuro de una educación superior inclusiva y de calidad.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal reafirma su apoyo a esta movilización en defensa de la universidad pública, y nos sumamos al pedido de una educación superior gratuita, democrática y accesible para todos y todas.