El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y su Comisión de los derechos de la  Mujer manifiestan su profunda preocupación ante la reciente eliminación, por parte del Poder Ejecutivo, de áreas y dependencias oficiales encargadas de llevar a cabo políticas y programas de prevención en materia de violencia de género.

La eliminación de toda forma de discriminación y violencia contra la mujer es un compromiso que la República Argentina ha asumido frente a la comunidad internacional, a través de instrumentos de jerarquía constitucional como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana de Belém do Pará. En el ámbito interno, se han adoptado leyes y políticas para cumplir con estos compromisos, como la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485).

Si bien es responsabilidad de las autoridades públicas diseñar el Estado de la manera que consideren más eficiente, no se puede renunciar a la ejecución de las políticas públicas que atiendan a la prevención y erradicación de la violencia de género. Las estadísticas demuestran que la consecuencia más extrema de esta violencia, el femicidio, sigue sin disminuir, con 136 femicidios registrados en los primeros seis meses del año, según el Observatorio de la Casa del Encuentro.

Por lo tanto, requerimos al Poder Ejecutivo que, independientemente de la ubicación estatal, se asegure el estricto cumplimiento de los convenios internacionales y las leyes nacionales para disminuir y erradicar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer.