El gobierno nacional, en el contexto de una grave crisis económica y social, ha impulsado innumerables modificaciones al régimen legal vigente, mediante el dictado de un DNU y el envío de un proyecto de ley “ómnibus” al Congreso Nacional. Prácticamente no hay materia que haya quedado al margen del conjunto de reformas propuestas, y ello impactará en los derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas y, por ende, en el ejercicio profesional de la abogacía. Ya se le ha dado intervención a los Institutos del Colegio, a fin de que emitan opinión sobre los temas involucrados.

Sin perjuicio del control de constitucionalidad a cargo de los jueces, los cuestionamientos acerca de una indebida asunción de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, pueden ser reparados por el propio Congreso. Es necesario que se disipe, lo más pronto posible, la situación de incertidumbre existente, por medio del más amplio debate democrático. Ello permitirá dotar de legitimidad a todo el proceso.

Con relación a los proyectos incluidos en la ley “ómnibus” de sucesiones notariales y divorcio administrativo (Anexo IV y art 352, respectivamente), rechazamos enérgicamente su sanción por resultar perjudicial a los intereses de los justiciables. El proyecto de divorcio administrativo no tiene en cuenta que son múltiples las cuestiones que se plantean en caso de una separación, y prescindir del asesoramiento jurídico deja en clara desventaja a la parte más vulnerable. Es imperativa entonces la presencia de un juez cuando se trata de establecer derechos o consecuencias legales, sólo así puede darse certeza y seguridad a las relaciones jurídicas.

La voz de la abogacía debe ser escuchada. La deliberación es un elemento imprescindible en la construcción del consenso democrático.

El progreso y desarrollo de la Argentina sólo será posible fortaleciendo las instituciones, con pleno respeto al estado de derecho. Según afirmaba Alberdi “la política no puede tener miras diferentes a las miras de la Constitución”.-