Ante el reciente proyecto de ley 3287-D-2023, presentado por la diputada María Eugenia Alianiello y otros legisladores, que propone modificar artículos del Código Civil y Comercial de la Nación para posibilitar procedimientos meramente administrativos en la disolución de matrimonios, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal reafirma su compromiso de defender la necesaria intervención profesional de las abogadas y abogados en cualquier causa que implique la aplicación del derecho.

El rol del abogado/a es insustituible en situaciones como la de un divorcio, que enfrenta a sus protagonistas  con uno de los procesos más desafiantes de la vida de las personas. La ausencia de un/a abogado/a conocedor del derecho de familia dejará en desventaja a una de las partes, que conforme los hechos nos muestran, son generalmente las mujeres.

Este Colegio expresa su firme oposición a cualquier intento de evitar los procesos judiciales establecidos por las leyes, en favor de una entidad administrativa como el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Las abogadas y abogados son los únicos capacitados para garantizar la validez y el respeto de los derechos involucrados en un proceso de divorcio.

Instamos a las autoridades legislativas a no avanzar en la consideración del proyecto 3287-D-2023.

El CPACF continuará defendiendo las competencias de las abogadas y abogados.